La cuarta transformación para migrantes

La ignorancia supina de la bancada morenista en el congreso federal y el enfoque erróneo de asesores fiscales que desconocen los alcances de la interacción entre el estado mexicano y los migrantes, reventaron en menos de dos meses una de las pocas estrategias de coparticipación social exitosas construidas en México durante las últimas tres décadas.

Si bien es cierto que la clave del mensaje lopezobradorista para instalar parámetros que diferencien a su gobierno del pasado radica en dejar claro quién manda ahora, también resulta innegable que en el obsesivo afán de borrar todo vestigio de la mafia del poder la administración federal ha sacrificado avances institucionales cuyo alcance ha sido copiado por otras naciones.

En este contexto, asesores financieros de AMLO y legisladores federales decidieron encarrilar la socialización del estado mexicano con la población migrante radicada en USA, hacia condiciones de precariedad presupuestal.

Sin decir agua va, la primera determinación presupuestal dirigida a las organizaciones de paisanos establecidos en norte américa casi extingue el programa Tres por Uno para migrantes.

El reajuste hacendario de la cuarta transformación disminuyó en un 98 por ciento los recursos destinados a ese programa.

La temeraria decisión aplicada por un burócrata encorbatado del nuevo gobierno, desde el confort de una oficina alfombrada y sobre fino escritorio de estilo neoclásico, nunca consideró el recorrido bajo una temperatura de diez grados bajo cero realizado diariamente por un migrante de Taxco de Alarcón, avecindado en el suburbio de Aurora, Illinois, para obtener un salario del que destina una parte al propósito de construir el camino pavimentado a su comunidad o edificar un aula y así evitar que los niños de su comunidad caminen jornadas de cinco kilómetros hasta la escuela localizada en un pueblo vecino.

El domingo 13 de enero la diputada Federal de Morena por el distrito 2 de Guerrero, Erika Ocampo Manzanares declaró que la reducción del presupuesto del tres por uno no afectaba a las organizaciones de migrantes mexicanos radicadas en Estados Unidos.

Dijo que el ajuste de recursos obedecía a una reorientación presupuestal y que los dineros que antes bajaban a las comunidades rurales a través de ese programa, ahora se canalizarían directamente a los pueblos por medio de líneas asistenciales directas, con el propósito de que el dinero dejara de ser manejado por líderes o intermediarios que habían pervertido el tres por uno.

Lo peor de las expresiones de la legisladora morenista fue que su declaración la hizo en el marco de un evento en el que migrantes igualtecos celebraban en un ambiente de fiesta la inauguración de dos calles pavimentadas mediante el programa Tres por Uno en la colonia Álvaro Obregón.

La reacción de los migrantes a estas declaraciones exhibieron la ignorancia desbordada que la legisladora refleja en el manejo del tema migrante.

Etelverto Bustamante, presidente de la federación de Guerrerenses Radicados en Illinois, el estado americano donde se concentra la mayor población de paisanos originarios de la suriana entidad mexicana, calificó de lamentable el hecho de que una representante federal no asimile la dimensión del contexto migrante. Ni tenga la mínima idea de los múltiples beneficios sociales asimilados por cientos de comunidades guerrerenses cuyos habitantes radicados en la Unión americana han decidido agregarse a este esquema de cooperación.
Lo que la diputada federal también ignora es que quienes si disponen de la información y experiencia sobre el impacto real de esta determinación, han rescatado desde el interior de la Secretaría de Bienestar, antes Desarrollo Social, recursos financieros extraordinarios para evitar la desaparición del programa que permite la mezcla de recursos federación-estados-migrantes e impulsa mejores condiciones de vida en miles de comunidades mexicanas.

Por lo menos, el gobierno federal ya reasignó 22 millones de pesos para mantener con oxígeno al Tres por uno en Guerrero durante el 2019.

El problema es que la reducción del programa Tres por Uno no viene sola: por lo pronto la cancillería disminuyo también en un treinta y dos por ciento el gasto destino a apoyar acciones de asistencia en los consulados mexicanos.

De 564 millones de pesos que operaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibirá 272 millones de pesos menos.

Entre los programas que podrían desaparecer debido a esta reducción destaca la asistencia legal a mexicanos sentenciados a pena de muerte, actualmente hay más de 60 casos y en 2017 se atendieron a más de 30.

Y desde hace dos semanas, personal de los consulados en las principales ciudades americanas comenzaron a informar a los migrantes que ya no podrá tramitarse en esas representaciones diplomáticas la obtención de actas de nacimiento, también por motivos de reducción financiera.

Lo grave es que mientras los consulados son encaminados a la estrechez económica en deterioro de los servicios a cientos de miles de migrantes mexicanos, el gobierno federal ofrece veinte millones de dólares a los venezolanos para contribuir a lograr la estabilidad social en ese país.

¿Como dice el dicho?: candil de la calle…

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